En declaración pública, delegaciones de Pastoral de Movilidad Humana junto a INCAMI, manifiestan su preocupación por las situaciones que viven muchos migrantes, quienes vienen a nuestro país buscando una mejor condición de vida.
Reunidos en un Encuentro Nacional de Delegados de Pastoral de Movilidad Humana y el Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre en casa Francisco Javier, Ñuñoa, los participantes revisaron la situación migratoria actual y los principales temas que urge abordar, finalizando con una declaración pública.
«En este momento de elecciones y ante la implementación de una nueva normativa migratoria, nos preocupa que no se conciba a la persona como eje de la Ley, sino que se asocie la migración al tema seguridad para restringir la movilidad de las personas o con fines electorales» se expresa en el documento.
Entre otros puntos, el texto señala que: «Chile requiere procesos de integración de quienes ya residen y que garanticen, la posibilidad de acceso a derechos como la reunificación familiar y los derechos de niños y niñas, creando puentes y no muros entre las personas. Solo procesos definidos y transparentes de gestión y comunicación migratoria generan posibilidades de quedarse conforme a la Ley, o, decidir tener que retirarse de manera digna. Esperamos que la nueva administración conciba la migración como realidad humana que, en nuestro contexto, requiere protección y no exclusión».
Además, se denuncia que «la entrega de permisos de trabajo y visas se hace cada vez más larga y burocrática, como también la falta de atención presencial y descentralizada. Preocupa la vulnerabilidad a la que pueden verse personas de Venezuela y de Haití, donde, entre otros, el otorgamiento de visas consulares presenta limitaciones», manifestando preocupación por la situación de niños y niñas, en especial de quienes»actualmente recorren parte de nuestro continente con personas distintas a sus padres o a sus cuidadores legales».
Finalmente se pide «revisar y evaluar la aplicación de la normativa sobre refugio (20.430) para garantizar la protección de quienes lo solicitan, facilitando el acceso, al menos a la solicitud. Las personas con ingreso por paso no habilitado suponen preocupación, no solo por su irregularidad migratoria y dificultad de cambiar esta situación, sino por las expulsiones a las que están expuestos/as».
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